El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretende realizar más de un cambio en la política del país – establecer el fin de la llamada Enmienda Johnson que, desde 1954, determina claramente los límites enfrentados por las iglesias norteamericanas.
“Destruiré completamente la Enmienda Johnson. Permitiré que representantes de la fe hablen libremente y sin miedo a represalias. Lo haré, recuerden esto que digo”, dijo Trump durante el Café Nacional de Oración, en Washington, sin indicar cuando será aplicada la modificacion.
La norma que recibe el nombre de su principal redactor, el entonces senador Lyndon Johnson, determina que las iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro “son completamente prohibidas de participar, directa o indirectamente, o de intervenir en cualquier camàña política en favor u oposición a cualquier candidato para cargos públicos electivos”.
En teoría, las iglesias pueden realizar actividades políticas de carácter general y hablar de forma genérica sobre cuestiones sociales y políticas. Sin embargo, sus líderes religiosos no pueden citar nombres o preferencias partidarias.
En la práctica, líderes religiosos afirman que la Enmienda Johnson está siendo manipulada para violar la libertad de expresión y de religión, principalmente cuando temas como el aborto o el casamiento gay son tratados en los púlpitos.
“Hoy, el IRS órgano responsable por la recolección de impuestos y aplicación de multas puede usar la Enmienda Johnson para decirle a los pastores acerca de lo que pueden o no predicar. Esta ley tiene como objetivo censurar los sermones de los ministros, permitiendo al IRS rotular sus sermones como de tenor político, por ejemplo”, dijo la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF, de su sigla en inglés).
Según el consultor principal de la ADF, Erik Stanley, a pesar de que la Enmienda Johnson “nunca ha sido destinada a afectar realmente a las iglesias”, si ha sido utilizada para “intimidar” a los pastores y censurar lo que dicen en el púlito.
“La exención fiscal no puede estar basada en una exigencia de que una iglesia o cualquier otra organización sin fines de lucro desista de sus libertades constitucionalmente protegidas, incluyendo la libertad de expresión”, agregó. “Los americanos no necesitan que el IRS sea su árbitro.”